Aún recuerda la mirada filosa de los compañeros, los rumores resonando en los pasillos del colegio. Una amiga le dijo: “fíjate que están hablando de vos; de unas imágenes sexuales”. Cuando sus fotos íntimas se viralizaron en los teléfonos, la angustia se apoderó de su cuerpo. Camila Segli, que entonces tenía solo 16 años, no sabía qué hacer, ni a quién recurrir. “Solo quería que la tierra me tragara”, confiesa la joven tucumana, que ahora tiene 20 años, es estudiante de derecho en la UNT y lidera la lucha en el país para que haya una ley contra la violencia digital.
Según cuenta, las imágenes se las había tomado un exnovio sin que ella se diera cuenta. Camila no había consentido ni la producción ni la difusión de esas fotos, explica.
Lo primero que hizo fue hablar a su ex. Aunque la hipótesis era que él no había sido, sino un amigo que le había sacado las fotos del teléfono. “Yo no quería hacer nada; no quería estar expuesta. Lo que hizo mi ex fue causar más revuelo porque buscó a los responsables, a quien le había robado las fotos y a quienes las habían compartido, y les dio su merecido”, cuenta.
También los padres decidieron intervenir: le secuestraron el teléfono al alumno que había robado y difundido las imágenes y las borraron. Aunque a esa altura ya era imposible que las fotos desaparecieran para siempre.
La segunda vez
En medio de un inmenso sufrimiento, Camila intentó dar vuelta la página y seguir adelante, hacer de cuenta que todo iba a estar bien. “Sentía mucha vergüenza y un dolor muy grande. Las fotos habían llegado a mucha gente”, recuerda.
Aunque la joven pensó que aquel episodio iba a ser parte de su pasado, no fue así. Le pesadilla volvió a su vida a comienzos del 2020, justo cuando iba a inscribirse en la carrera de abogacía. En ese momento, le llegó un mensaje a través de una persona anónima que la contactó por Facebook. Decía misteriosamente: “tengo tal cosa”.
Luego, le enviaron otro mensaje. Era una foto de Camila junto a su exnovio. “Era como una forma de decirme: con esto te voy a amenazar si no me contestás”, cuenta la joven. Supuestamente, el extorsionador había encontrado una tarjeta SIM con imágenes de ella. Y entonces cayó en la cuenta de que todo lo malo estaba pasando otra vez. Y el dolor volvía a su vida. Un mes después tomó valor y decidió hacer lo que en 2017 no se había animado: denunciar lo que le estaba pasando.
Como un vía crucis
Lo que siguió fue un verdadero vía crucis, en palabras de la joven. “Yo pensé que era un delito, pero no. Y nadie sabía cómo caratular la causa, como extorsión no podía ser porque no me pedían nada a cambio hasta ese momento; evidentemente esta persona que me mandaba mensajes solo quería hacerme daño. Como pornografía infantil tampoco se podía caratular, porque ya era mayor de edad. Me ayudaron en la fiscalía de Delitos Complejos, donde hicieron una investigación. También fui a la Policía, a la División de Delitos Telemáticos, pero no había alguien capacitado o que me de asesoramiento sobre estos temas”, explica.
Camila confiaba en la Justicia. De hecho, iba cada día a ver si habían encontrado a la persona que le mandaba mensajes. Sin embargo, al poco tiempo cerraron su causa. ¿Cuál fue el argumento? Dijeron que la denunciante en ningún momento “sintió temor alguno a sufrir el mal prometido”.
“Al final nunca se supo quién fue el responsable; esa persona hoy goza de impunidad. Sufrí mucho por esos episodios de violencia. Es cierto, no me golpearon ni estaba sangrando, pero eso no significa que no dolió y que no tuvo un impacto en mi vida. Todo lo contrario. Yo me enfermé por todo esto; incluso sufrí trastornos de ansiedad”, explica la joven estudiante.
Entre otras cosas, Camila tuvo miedo y muchas veces no quería salir de su casa. Lloraba de angustia. No podía dormir. Siempre tenía un mensaje nuevo. En la calle, sentía que alguien la perseguía, que le podían hacer algo. “Me sentía muy desprotegida. Alguien, a quien no conocía, me tenía esclavizada. Pensaba: ‘¿hasta dónde va a llegar?’, ‘¿hasta dónde voy a poder esconderlo?’”, resume.
Camila hizo terapia y después de casi dos años de mucho dolor, decidió empezar a hablar de su caso para crear conciencia. Así recibió el llamado de otra joven, a quien le había ocurrido algo similar. “Tenemos que hacer algo”, dijeron. Y se unieron a otras víctimas de Jujuy y de Santa Fe. En poco tiempo, formaron la agrupación “Ley Olimpia Argentina”. Se llama así por Olimpia Coral, una chica mexicana que sufrió la difusión de un video sexual cuando tenía 19 años. Con su lucha logró que en su país la violencia digital fuera tipificada como un delito y se considerara una forma de violencia de género.
“Ese el problema en nuestro país. A pesar de que la violencia digital puede causar un gran daño, la difusión sin consentimiento de imágenes con contenidos sexuales o eróticos aún no es un delito”, explica Segli. Y aclara que apenas es una contravención en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Dos proyectos
Camila cuenta que se han presentado en el Congreso de la Nación dos propuestas legislativas. Hay un proyecto de Ley que se llama Belén, en homenaje a Belén San Román, una joven policía argentina de 26 años y mamá de dos niños, que se suicidó a fines de 2020 después de que su ex novio viralizara un video y fotos íntimas de ella para extorsionarla, hostigarla y amenazarla.
Este proyecto incorpora al Código Penal la figura de violencia digital y establece multas y penas para los culpables del delito de visibilizar videos íntimos.
La segunda iniciativa es el proyecto Ley Olimpia Argentina, la cual propone incorporar la violencia digital como otra forma de violencia de género. Esto implica, no sólo castigar a los responsables sino crear medidas de protección para quienes la sufren, ya que hoy no hay ningún tipo de contención para las víctimas. Además, la idea es que haya políticas públicas de educación digital para la prevención de estas agresiones.
El daño es real
“Nuestro lema es: ‘la violencia virtual es real’ y genera un daño muy importante, a nivel físico y mental. A esta altura, no sabemos, por ejemplo, la cantidad de personas que se suicidan porque han sufrido violencia digital, que afecta principalmente a las mujeres”, señala Camila.
A su entender, aunque las penas por este tipo de delito probablemente no impliquen que los agresores vayan a la cárcel (se prevén penas de hasta tres años), a la larga el objetivo es que vaya cambiando la mentalidad de la gente, así como ocurrió en México tras la ley Olimpia.
“El miedo tiene que cambiar de bando, ya no tiene que estar del lado de la víctima sino del que ejerce la violencia difundiendo un video o fotos íntimas. Por otro lado, las personas entenderán, en caso de que les llegue un video íntimo, que lo políticamente correcto es no difundirlos”, remarca.
En los últimos años, a la par del avance de las tecnologías de la comunicación, son cada vez más las jóvenes que sufren, se sienten avergonzadas y culpables por la violencia digital. “A mí me ocurrió que me costaba verme como víctima”, recuerda.
Las ventajas adquiridas por los agresores en el medio digital, como el anonimato y la posibilidad de construir falsas identidades, amplifican los peligros. Mientras tanto, las víctimas en muchos casos se ven obligadas obligan a retirarse de la vida digital para preservar su integridad.
Según un informe de BTR Consulting, el 40% de los jóvenes de entre 12 y 17 años fueron acosados on line y el 30% lo padeció más de una vez. En tanto que, el 17% de las adolescentes padecieron diferentes comportamientos abusivos; entre ellos, el cyberflashing (la práctica de enviar imágenes sexuales u obscenas no solicitadas a través de las redes sociales). Los datos de la encuesta corresponden a una muestra de 3.000 personas de entre 15 y 45 años en Argentina.
La investigación también registró que el 24% de los encuestados sufrió algún tipo de acoso mediante fotos y el 18% confirmó que se trató de material sexual tomado sin consentimiento. El 10% reconoció que era común distribuir fotos sexuales a terceros.
Ley Olimpia
La Ley Olimpia propone que se incorporen los espacios digitales como ámbitos en los que puede suscitarse violencia contra las mujeres.
Según esta ley, se define la “violencia digital o en línea” como aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres, sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas, o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC, así como cualquier otra que pueda surgir a futuro, ejercida por este medio.